• El foro resaltó la urgente necesidad de fortalecer la protección integral de los defensores y defensoras ambientales en Colombia, uno de los países con mayores riesgos para estos liderazgos, subrayando que garantizar su seguridad es clave para consolidar la democracia y una transición energética justa y sostenible.

Bogotá, noviembre 19 de 2025. El Ministerio de Minas y Energía (MME), a través del Equipo de Política de Relacionamiento Ambiental, de Derechos Humanos y Pedagogía de la Oficina de Asuntos Sociales y Ambientales realizó en alianza con la Universidad Externado de Colombia el foro académico “Implementación del Acuerdo de Escazú en el sector minero-energético”, un espacio orientado a fortalecer el diálogo entre Estado y academia sobre los retos y oportunidades que enfrenta el país en materia de gobernanza y democracia ambiental a través del: acceso a la información ambiental, participación pública en decisiones ambientales y protección de defensores y defensoras del ambiente.

El Foro se concibió como un espacio de reflexión, co-creación y construcción de acuerdos orientados a actualizar los instrumentos de relacionamiento ambiental y social del sector minero-energético, y contó con la participación Organizaciones No Gubernamentales, gremios y empresas, comunidad universitaria y representantes del Ministerio de Minas y Energía (Minenergia), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

Bloque 1. Manejo de la información ambiental: del dato al diálogo

En el primer bloque, se evidenció que, aunque existen avances en plataformas de datos, persisten brechas para un acceso efectivo a la información ambiental, especialmente en comunidades rurales.

Se resaltó la importancia de usar lenguajes claros, pertinentes y construidos con todos los actores reconociendo que el acceso a la información es también un reto político y pedagógico.

En segunda instancia, se resaltó que la participación pública sigue siendo principalmente informativa y no decisoria. El desafío es transformar prácticas institucionales, crear mecanismos de codecisión y fortalecer capacidades comunitarias para una participación incidente desde etapas tempranas de los proyectos.

Seguido, se abordó la crítica situación de los defensores ambientales, quienes enfrentan violencias diversas asociadas a disputas culturales y políticas sobre el territorio. La protección debe centrarse en condiciones estructurales de riesgo, fortalecimiento comunitario y garantía de información y participación incidente como pilares del Acuerdo de Escazú.

El foro concluyó reconociendo los esfuerzos del Ministerio de Minas y Energía por promover el diálogo, la transparencia y la articulación interinstitucional para avanzar hacia una gobernanza ambiental más inclusiva y transiciones energéticas justas y sostenibles.