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30 de Octubre de 2026.
Minenergía
, Bogotá.
Sector:
Hidrocarburos
Bogotá, 30 de octubre de 2026. Los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda y Crédito Público actualizaron las resoluciones que establecen los precios de referencia de los combustibles para noviembre de 2026, que entrarán en vigor a partir del primer día del mes. Los precios de venta al público de la gasolina motor corriente y del ACPM se mantienen estables a nivel nacional.
En un contexto de aumento en el precio internacional de los combustibles, el Gobierno Nacional mantiene estables los precios en Colombia durante noviembre, evitando que estas alzas se trasladen al consumidor. Para hacer posible esta medida, la Nación, a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), asumirá un costo fiscal estimado de $15.500 millones durante el mes.
Mantener estables los precios contribuye a mitigar el impacto de las variaciones del mercado en los hogares y los costos de los sectores productivos. Asimismo, brinda mayor previsibilidad a los gastos de transporte y a las actividades económicas que dependen de los combustibles, al evitar incrementos en sus precios de referencia durante el mes.
De cara a diciembre, el Gobierno Nacional evaluará la continuidad de la medida de acuerdo con la evolución de los mercados internacionales y la disponibilidad fiscal de la Nación. Este análisis permitirá valorar las condiciones del mercado y las implicaciones fiscales antes de definir los ajustes que correspondan para el cierre del año.
La siguiente tabla detalla el valor de los precios de referencia a nivel nacional:

Los precios de referencia corresponden a los valores establecidos por el Gobierno Nacional para cada ciudad, a partir de los cuales se determina el precio de venta al público en las estaciones de servicio. El precio final puede presentar variaciones de acuerdo con las condiciones particulares de cada municipio y los componentes aplicables.
El Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público reafirman su compromiso con una política de combustibles que considere las condiciones del mercado, el impacto de los precios sobre los consumidores y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Las decisiones sobre los combustibles continuarán evaluándose con criterios técnicos y fiscales, en procura de mantener el equilibrio entre la estabilidad de los precios internos y el uso responsable de los recursos públicos.
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